Agustín Grijalva
Siempre he sido de izquierda. Desde mis primeras experiencias con las comunidades cristianas de base, pasando por el socialismo revolucionario, mi militancia en el FADE – la organización estudiantil progresista en la Facultad de Derecho de la Universidad Católica en Quito, hasta mis actuales actuaciones en la función pública, mis posiciones, mis declaraciones, conferencias y escritos, han estado siempre orientados a una concepción social de los derechos, de los procesos económicos y culturales, y ahora de la educación y de lo que debe hacerse en particular en la Universidad Andina.
Desde hace años soy un critico frontal de los excesos del gobierno de Correa. Hace ocho años, cuando la mayoría de sectores progresistas apostaban a un proceso de cambio, colaboré en la Constituyente del 2008 desde ILDIS junto con amigos y compañeros comprometidos siempre con posiciones progresistas como Julio César Trujillo, Ramiro Ávila, y Edward Vargas. Fueron muchos días y horas de trabajo intenso buscando aportar al desarrollo de los derechos y garantías de la Constitución. Ya desde entonces comenzamos a sentir tensiones y diferencias con la tendencia hiper-presidencialista que venía de Carondelet.
De hecho, Alberto Acosta, aún Presidente de la Constituyente, me pidió que integrará y coordinara la Comisión de Redacción para dictar la nueva Constitución, junto con otras personas de prestigio nacional cuya presencia me honraba, como Julio César Trujillo, Nicolás Parducci, Susana Cordero y Ximena Endara. Precisamente por la ruptura de Acosta con Correa esa comisión se disolvió antes de iniciar sus trabajos. Aunque el nuevo Presidente de la Constituyente, Fernando Cordero, me pidió que presida la Comisión, yo no acepté justamente por la distancia ideológica que se había gestado con el Ejecutivo por sus tendencias hiper-presidenciales y por el tiempo tan escaso en que se pretendía hacer un trabajo tan complejo e importante para el país. Nunca he negociado ni negociaré mis convicciones por cargos.
También fui asesor por apenas cuatro meses del Presidente de la Corte Constitucional, Patricio Pazmiño, cuando iniciaba su gestión y aún había expectativa de independencia de esa Corte respecto al gobierno. Aunque en ese entonces incluso se me propuso pasar a integrar la Corte como magistrado, no acepté pues justamente al ingresar a esa función pude observar la dependencia de este órgano jurisdiccional respecto al Ejecutivo, así que renuncié y me reincorporé a la Universidad Andina. De hecho, por esta misma razón años después, el 10 de Junio del 2015 suscribiría junto a otros abogados y a defensores de Derechos Humanos una carta rechazando la candidatura de Patricio Pazmiño a la Corte Interamericana, candidatura que fue apoyada por el gobierno ecuatoriano.
Durante la Consulta Popular del 2011 estuve frontalmente por el NO, es decir en la oposición al gobierno, junto con otros promotores del NO expuse las razones constitucionales por el NO en Quito y en otras ciudades, especialmente en varios foros universitarios. Recuerdo, por ejemplo, que en Cuenca tuvimos un fuerte debate con funcionarios del gobierno. La gran mayoría del público nos respaldo con sonoros aplausos. Y no solo eso sino que anteriormente había comparecido a la Corte Constitucional con un escrito conteniendo mi opinión jurídica. Cuando la Corte evalúo la constitucionalidad de las preguntas, como constitucionalista presenté un alegato criticando las reformas que pretendía hacer el gobierno, especialmente la violación de la independencia judicial. También publiqué artículos en libros y revistas y asistí a entrevistas en medios de comunicación, todo por el NO.
La evidente violación a la Constitución que implicó la consulta me decepcionó profundamente y radicalizó aún más mi oposición al gobierno. Al observar que varias leyes y políticas eran claramente violatorias antes que de desarrollo de los derechos, no dude en expresar mis criticas en los medios de comunicación. Recuerdo especialmente la demanda de inconstitucionalidad que junto con Xavier Flores y Ramiro Ávila presentamos contra las normas del Código Penal relativas al desacato, las normas jurídicas con las que el Presidente Correa detenía a quienes le expresaban su rechazo en las calles.
Justamente por mi oposición al gobierno, cuando postulé al concurso nacional de méritos y oposición para integrar el Consejo de Educación Superior del Ecuador (CES) muchos amigos me decían que no tenía la más mínima posibilidad, que el gobierno bloquearía mi designación. Pese a ello gané en el concurso y fui designado. No vote por el candidato del gobierno René Ramírez, para Presidente del CES, sino por un académico reconocido públicamente como un fuerte crítico del gobierno, Germán Rojas.
Mi posición independiente y crítica frente al gobierno de Correa, incluso ya en funciones en el CES, fue reconocida públicamente por la oposición en la Asamblea Nacional cuando el 29 de Mayo del 2012 la entonces asambleísta María Paula Romo y diversos partidos de oposición me incluyeron como candidatos junto con Julio César Trujillo, Ramiro Ávila, Ramiro García Falconí, Judith Salgado y otros abogados para integrar la Corte Constitucional. Todos los votos fueron de la oposición, del sector de gobierno no recibí ni un voto.
En Octubre del 2013 con mi esposa y algunos compañeros académicos independientes del CES firmamos y ayudamos en la recolección de firmas para apoyar el Proyecto del Yasuní, al cual en ese momento ya se oponía el gobierno. Cuando el Consejo Nacional Electoral rechazo ilegalmente varios cientos de miles de firmas, nos sumamos a las protestas en la calle. En esa línea de protección ambiental y respeto a la plurinacionalidad he sido también fuertemente crítico de la política de Correa respecto a los pueblos indígenas, así por ejemplo, del 20 al 22 de Noviembre presente en un Seminario Internacional en Otavalo mis criticas a la forma como el gobierno y los jueces resolvieron el caso La Cocha, una posición ya expresada en el libro sobre Estado Plurinacional que edite con Boaventura de Sousa Santos.
Adicionalmente estuve frontalmente contra las enmiendas y contra la reelección indefinida, así lo expresé mediante una ponencia en el seminario que sobre el tema se organizó en la propia Universidad Andina el 18 y 19 de Noviembre del 2015.
En el Consejo de Educación Superior junto con otros tres académicos, Rocío Rueda, German Rojas y Ximena Díaz, compañeros y amigos cuya honradez, eficiencia y tenacidad me honran, hemos mantenido una posición independiente y crítica respecto al gobierno, que se ha expresado en varios comunicados públicos nacionales. Nosotros no apoyamos la creación de nuevas universidades, votamos en contra de artículos del Reglamento de Escalafón que imponían requisitos irreales a los docentes universitarios, ejercimos una fuerte presión para simplificar y desregular razonablemente el nuevo Régimen Académico, hemos defendido la autonomía de los institutos públicos respecto a la SENESCYT, también hemos sido muy críticos de la pretensión gubernamental de alinear la oferta universitaria exclusivamente al Plan de Desarrollo y a visiones productivistas, hemos sido muy exigentes con el respeto a la Ley cuando esta resguardaba la calidad académica y los derechos de los universitarios frente a algunas posiciones gubernamentales permisivas, como por ejemplo en la regulación de la educación en línea y a distancia; hemos realizado numerosas declaraciones públicas en contra de la burocratización, elitización, sobre-regulación, el sistema de ingreso vigente y la politización partidista de la educación superior en el país. Hemos demandado rendición de cuentas y fiscalización en Yachay y todas las nuevas universidades; por nuestra exigencia todas esas universidades debieron presentar informes académicos al CES. Hemos diferido también con el sector oficialista del CES en cuanto a la organización institucional interna del Consejo y en cuanto a procedimientos en el Reglamento de Sanciones. Todos esto consta en sendos pronunciamientos públicos recogidos por los medios de comunicación, actas y resoluciones del CES.
Estos consejeros académicos no hemos dudado tampoco en enfrentarnos a argollas y mafias políticas y económicas que han capturado algunas universidades para obtener beneficios ilegítimos en desmedro de la calidad académica y los derechos de los miembros de las comunidades universitarias. Tenemos el orgullo para nosotros y para nuestros hijos de una actuación totalmente honesta durante este período.
Entre Agosto y Septiembre del 2015 en la Universidad Andina nos aprestábamos al proceso de consulta para designar nuevo Rector. En una reunión pública de docentes, el profesor Pablo Ospina, un claro y radical opositor al gobierno de Correa, y sin que hallamos hablado antes, planteó por propia iniciativa mi nombre como candidato para el rectorado de la Universidad. Ante este planteamiento Ramiro Ávila nos convocó a varios docentes de Derecho a una reunión informal. En aquella reunión manifesté mi total respaldo a la candidatura de César Montaño.
En esa línea de acción nuestra defensa de la autonomía de la Universidad Andina frente al gobierno ha sido reiterada y enérgica. Defendimos el estatuto internacional de la Andina y posteriormente durante meses mantuvimos una posición de defensa a la elección de César Montaño, luchando en el CES para que sea la propia Universidad Andina la que resuelva el conflicto sobre su designación. Presentamos y defendimos un informe de minoría, el cual redacté personalmente y cuyas ideas fueron reproducidas a nivel nacional, argumentando la juridicidad de su designación, y votamos en contra de la mayoría oficialista del CES cuando este lo desconoció, denunciando ante el país el atropello que el gobierno estaba cometiendo al desconocerlo ilegalmente.
Más recientemente en otra declaración pública, difundida en medios de comunicación a inicios de Marzo de este año, expresamos nuestro rechazo a la amenaza de disminución de rentas a la FLACSO y a la Universidad Andina, expresando que una privación arbitraria de este orden era inconstitucional, ilegal y atentaba a la autonomía universitaria.
El ocho de Marzo del 2016 pedí a Ramiro Ávila que se incluyera mi nombre en una carta pública de apoyo a la Comisión Anticorrupción.
El ocho de Abril del 2016 en sesión de la Comisión de Doctorados del CES fue recibido el Rector encargado Jaime Breihl. Allí los consejeros académicos no oficialistas en contraposición a los del gobierno volvimos a ratificar que nuestra posición era la juridicidad de la elección de César Montaño como rector de la UASB-Ecuador, posición que volvimos a ratificar en el Pleno del CES del 18 de Mayo, cuando la mayoría oficialista emitió una resolución pidiendo a la UASB realizar una consulta para designación de nuevo rector hasta el 30 de Junio del 2016.
Pese a esta oposición consistente y persistente siempre he creído que a ningún sectarismo puede combatírselo con su propia lógica: la de imposición de una voz única, el maniqueísmo y el autoritarismo. Creo que justamente la Universidad está para romper con estas lógicas dominantes y excluyentes, y desarrollar el debate, la confrontación razonada, el develamiento de coherencias e incoherencias de diversos sectores y posiciones, la actitud propositiva y creativa para los grandes problemas del país. Por esta razón cuando hemos creído posibles acuerdos razonables en el CES pero siempre en pos de interés público, también los hemos alcanzado.
La Universidad no debe temerle a la crítica sino a la falta de crítica, porque sin ella no puede cumplir su papel histórico. Como les consta a todos y cada uno de mis estudiantes durante estos más de veinte años y tres años en la Andina: no solo respeto la critica sino que en clase incluso la propicio, hasta contra mi propia posición … para construir…. para mejorar….para que haya universidad en serio.
Pero aun hay más: durante estos ocho años he escrito y publicado decenas de artículos, dictado conferencias, concedido entrevistas a medios de comunicación y participado en paneles donde con serenidad pero firmeza he expresado mi posición critica frente al gobierno respecto a múltiples temas como son: política universitaria y educación superior, independencia judicial, garantías constitucionales, reelección indefinida, control constitucional, justicia indígena. Incluso mis clases en la Andina y en la Católica incluyen numerosos casos dictados por la actual Corte Constitucional en donde desarrollamos una critica técnica de tales fallos. En esa línea, he sido desde hace años uno de los principales promotores del Observatorio de Derecho Constitucional de la UASB.
En relación a la autonomía universitaria mi posición ha sido clara y permanente: la universidad no puede depender de ningún gobierno y de ningún partido político o grupo de interés. La autonomía es integral o no es real, pues consiste en el autogobierno por parte de la comunidad universitaria y ello excluye posiciones partidistas contrarias al pluralismo inherentes a los procesos académicos.
El sectarismo y el partidismo matan a la universidad, pero ella debe responder siempre de forma independiente a las grandes necesidades sociales. Autonomía universitaria no significa ni puede significar un academicismo aislado de la sociedad y la política. La Universidad es un actor político y social por derecho propio, y tiene en ese sentido una responsabilidad histórica ineludible, pero para asumir tal responsabilidad debe actuar en tanto universidad. En ningún caso debe degenerar en mero instrumento de cualquier gobierno, partido, movimiento político o candidato.
Mi posición es independiente y crítica respecto al actual o a cualquier gobierno, pues ello lo exige mi condición de académico y de constitucionalista. Es una posición sólidamente institucional tanto frente a las arbitrariedades del gobierno como en relación a los cambios internos que son indispensables en la UASB, respetando siempre los legítimos derechos de todos.