Fuente

Agustín Grijalva, PH., D

Profesor de la UASB, constitucionalista

Frente Montecristi Vive

Aunque la consulta incluye diez preguntas sobre temas diversos, subyacen a las mismas ciertas concepciones comunes que conviene explicitar, puesto que revelan los valores que dominan en el planteamiento del gobierno. Este ejercicio es útil pues complementa el esfuerzo que debemos hacer en un examen más analítico donde podemos reflexionar sobre el contenido individual de cada pregunta. En este ensayo examino tres ejes claves que subyacen a todas las preguntas: 1) la violación de la independencia judicial, 2) la violación de derechos constitucionales, y 3) la reiteración innecesaria de normas ya vigentes o el planteamiento de normas confusas como mera estrategia electoral.

1) Independencia Judicial, autoritarismo y tecnocracia

Una primera concepción es la reducción del problema judicial a política pública. Las preguntas cuatro y cinco parten del supuesto, planteado explícitamente por algunos funcionarios de gobierno, de que el sistema judicial es un campo más de política pública, un servicio público más, no el problema de una función independiente del Estado, que es por cierto la concepción de la Constitución vigente. De esta forma, así como se construyen o se mejoran carreteras o dispensarios médicos, se pueden nombrar jueces, establecer y equipar juzgados y cortes. Ello sería suficiente para mejorar la justicia.

En efecto, hay un aspecto de la crisis judicial que tiene que ver con infraestructura, equipamiento y presupuesto, pero no es el único ni el esencial. Siendo aspectos necesarios e incluso importantes no son suficientes para mejorar la justicia. El problema central de la justicia es el de la probidad, la imparcialidad y profesionalismo de los jueces. Los edificios de los juzgados deben ser mejorados o reemplazados, se requiere nuevos equipos, nuevas tecnologías, pero nada de esto es suficiente y se vuelve hasta inútil si quienes juzgan no son seleccionados única y exclusivamente por sus méritos, su integridad y conocimiento de la ley.

Ahora bien, para lograr esto último el gobierno está planteando una intervención directa en el nombramiento de los jueces. Se plantea que se intervendrá exclusivamente y por esta sola vez en su designación basándose en el mérito y que luego se respetará irrestrictamente la independencia judicial. Hay en esta forma de razonar un obvio contrasentido: se está afirmando que para nombrar jueces independientes se intervendrá en la función judicial, es decir se violará su independencia. Se argumenta entonces que incluso en los Estados Unidos el Presidente designa jueces, y no por ello se desconoce la división de funciones. Se dice también que independencia de funciones no puede significar aislamiento y que el Ejecutivo tiene y debe asumir sus responsabilidades ante la crisis judicial.

Pero no estamos en Estados Unidos. En nuestra historia política y judicial el nombramiento y la destitución de jueces han sido las herramientas políticas permanentes de intervención en la justicia, de negación de su independencia. Por esta razón la Constitución de Montecristi diseña nuevos sistemas de designación de jueces que aseguren su independencia, y que la consulta inconstitucionalmente descarta. Y en cuanto a la coordinación de funciones, por supuesto coordinar es distinto a subordinar, es más: una adecuada coordinación implica una relación necesaria pero horizontal, e igualitaria donde efectivamente las diversas funciones contribuyan a una adecuada justicia.

¿Qué va a suceder luego de que el Consejo de la Judicatura de Transición nombre a los nuevos jueces? ¿Van estos jueces a ser independientes de este Consejo integrado con clara predominancia del ejecutivo? ¿Podrán estos jueces cuando sea del caso sentenciar contra el gobierno en litigios administrativos, laborales, de contratación pública, y especialmente en casos de corrupción pública? Puesto que según la Constitución estos jueces conocen las violaciones a derechos constitucionales ¿estarán en condiciones de decidir contra el gobierno, cuando sea del caso, en violaciones de derechos humanos por parte de autoridades públicas? Lo que está haciendo el gobierno con las preguntas 4 y 5 es desactivar el sistema judicial de control de la corrupción pública y de respeto a los derechos constitucionales que la Constitución establece.

Puede haber en el mejor de los casos hasta buenas intenciones en algunos funcionarios de gobierno que creen que solo esta drástica intervención en la justicia puede y debe mejorar las cosas. Pero esta es una visión tecnocrática en clara contracorriente con la naturaleza constitucional y política del problema. No hay justicia eficiente, imparcial, proba y profesional sin independencia puesto que aquellos atributos dependen estructuralmente de ésta, y no puede haber independencia con el camino que la consulta plantea para la reorganización de la Función Judicial.

En definitiva, a estas preguntas respecto a la justicia subyacen dos posibles perspectivas. O una visión autoritaria francamente hostil a la Constitución y sus instituciones, o una visión tecnocrática e ingenua, profundamente lejana a una básica comprensión de lo que es la justicia, el Estado Constitucional y la independencia judicial. Paradójicamente, en el gobierno coexisten ambas perspectivas, aunque quienes puedan ubicarse en la segunda simplemente estén siendo subordinados y manipulados por quienes en realidad profesan la primera.

2) Control autoritario y Derechos

Otro argumento recurrente del gobierno tiene que ver con la necesidad de regulación. Se dice que se busca regular la actuación de los jueces, de los medios de comunicación, de los juegos de azar y hasta del crecimiento injustificado del patrimonio de los particulares. Y efectivamente estas regulaciones son muchas veces necesarias, incluso para el ejercicio de otros derechos. Pero allí radica justamente la diferencia entre regular y restringir derechos. La regulación es compatible con la Constitución pues busca hacer viables y compatibles los derechos que ella establece, mientras que el control y la restricción atacan estos derechos, los erosionan o desconocen, violando la Constitución.

Varias preguntas de la consulta violan claramente derechos constitucionales. La pregunta dos al suprimir la actual excepcionalidad constitucional de la prisión preventiva mediante su regulación por ley, viola el derecho a la presunción de inocencia y por esta vía el derecho a la libertad. La pregunta tres al discriminar sin base constitucional a los accionistas de medios nacionales y privados de comunicación viola el derecho a la igualdad y a libertad de empresa y por este medio pone en riesgo la libertad de información de todos los ciudadanos.

Las preguntas cuatro y cinco al canalizar la invasión del ejecutivo sobre la función judicial violan el derecho de todas las personas a una justicia imparcial e independiente. La pregunta seis, sobre el enriquecimiento privado no justificado viola el derecho a la presunción de inocencia, mientras la pregunta siete, sobre los juegos de azar, podría eventualmente violar tanto el derecho a la libertad de empresa como el derecho a la recreación.

La pregunta nueve, por su parte, al abrir la posibilidad de censura previa viola el derecho a las libertades de opinión, información y comunicación. Las preguntas ocho y diez, en cambio, están formuladas de forma tan ambigua o amplia, o por otro lado están ya incluidas en la Constitución, que igualmente dejan lugar a serias dudas, las cuales examino más adelante.

En estos casos, cuando analizamos las propuestas de las preguntas, no estamos frente a una necesaria y sana regulación de derechos sino frente a un ataque al núcleo o contenido esencial de los mismos mediante procedimientos coactivos como prohibir, encarcelar o censurar. Si varias de estas propuestas tomarán la forma de ley y fueran analizadas por una corte constitucional en un país con mayor institucionalización e independencia judicial, sin duda serian declaradas inconstitucionales por violar los derechos mencionados.

Pero hay algo común por detrás de varias de estas preguntas que es realmente preocupante: un postulado de una moral oficial que se presenta a sí misma como única, verdadera, buena y digna de imponerse a todos los individuos. Algo diametralmente opuesto a la sociedad pluralista, diversa y democrática que la Constitución de Montecristi propugna.

En efecto, se sugiere que si uno es sospechoso de un delito debe priorizarse la cárcel por razones de supuesta seguridad. Se plantea que algún órgano administrativo va a establecer que podemos ver, oír, leer en los medios de comunicación, es decir se va a regular contenidos, no solo para los niños, sino para los adultos que nos veremos ahora sometidos a igual tratamiento.

Por supuesto que hay regulaciones y límites necesarios a la información y a la opinión, pero, conforme lo establecen los instrumentos internacionales, éstos deben constar en las leyes y deben ser establecidos por la sociedad no por el gobierno de turno. En esta línea de paternalismo moralista, violatorio de la autonomía y responsabilidad de las personas, no es sorprendente que para protegernos del vicio se llegue incluso a prohibir los casinos u otros juegos de azar, tratándonos así como potenciales adictos al juego o ludópatas.

Por supuesto, la Constitución no ampara semejante moralismo autoritario, puesto que reconoce la presunción de todos a ser tratados como inocentes hasta que el Estado nos pruebe lo contrario, y nos reconoce como individuos sociales pero libres, titulares responsables de derechos como los de información, opinión, expresión, comunicación, empresa, igualdad, recreación, etc. Estos derechos operan tanto como límites del Estado frente a los individuos y sus organizaciones, como en la forma de obligaciones prestacionales de los órganos públicos y por extensión de los particulares frente a los titulares de tales derechos.

Pero como la propaganda del gobierno pretende anclar varias preguntas en supuestos derechos, se incurren en insostenibles contradicciones y permanentes confusiones. Así, por ejemplo, se ofrece mayor seguridad violando el derecho a la libertad y presunción de inocencia de todos los ciudadanos, se realiza una apología de la democracia mientras se restringe el derecho a la opinión e información que es su piedra angular, y se pretende democratizar los medios de comunicación y orientarlos a una función social sometiéndolos a control de la burocracia estatal.

3) Repeticiones, confusiones y votos

Hay otras preguntas que curiosamente nos plantean poner en vigencia normas que ya están en vigencia, es el caso de la pregunta uno referente al plazo máximo para la prisión preventiva, una parte de la pregunta tres relativa a restricciones a la banca para invertir en medios de comunicación, o la pregunta diez relativa a sanciones penales a quienes no afilien a sus empleados y trabajadores al seguro social. Cada lector por si mismo puede revisar la Constitución o la legislación pertinente y verificar que estas normas ya existen, y en algunos casos como en la pregunta uno han sido prácticamente calcadas de la normativa jurídica vigente.

¿Cómo explicar que se nos pregunte si queremos poner en vigencia lo vigente? Aquí se revela de cuerpo entero el afán electoral de la consulta. No interesan tanto los cambios que se plantean, exceptuando quizá la captura de la función judicial, sino el obtener votos, el ganar nuevamente elecciones. La mayor y patente contradicción en este sentido radica en los anexos de las preguntas: numerosas e incomprensibles reformas legales que deberían ser discutidas o ya fueron discutidas en la Asamblea Legislativa y que hoy se ponen de forma totalmente inapropiada a consideración de los electores.

Esta consulta con información reiterativa, confusa y excesiva se presenta ahora como un ejemplo de democracia. Pero toda consulta para ser un verdadero ejercicio democrático debe reunir condiciones de claridad, pertinencia y respeto a los derechos constitucionales de los propios consultados. La consulta para ser democrática debe respetar los procedimientos que los ciudadanos ya aprobamos anteriormente en la Constitución. ¿Si no se respeta lo que decidimos antes en la Constitución qué seguridad tenemos que se va a respetar lo que decidimos hoy?

En definitiva, las propuestas del gobierno en la Consulta atentan contra principios fundamentales del Estado Constitucional como son varios derechos humanos y la independencia judicial, y en cuanto ejercicio democrático no reúne los requisitos de procedimiento, claridad y pertinencia que es inherente a la verdadera democracia.